Analistas: Guatemala revive una crisis similar a la que enfrentó El Salvador en 2022
Académicos salvadoreños identifican paralelismos en la escalada de violencia y las respuestas estatales.
La actual escalada de violencia en Guatemala, que llevó al presidente Bernardo Arévalo a decretar un estado de sitio por 30 días, ha despertado comparaciones inevitables con la crisis que vivió El Salvador en 2022, cuando el gobierno implementó el régimen de excepción para enfrentar el control territorial de las pandillas.
El sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que “la realidad que se está viviendo en este momento en Guatemala es el espejo de lo que hace unos años vivimos como país nosotros también”, en referencia a la jornada del 27 de marzo de 2022, cuando el presidente Nayib Bukele, con respaldo de la Asamblea Legislativa, activó la medida constitucional tras un fin de semana que dejó 87 asesinatos.
Un episodio reciente en Guatemala —motines carcelarios protagonizados por miembros de la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha, que derivaron en 10 policías asesinados y varios heridos— obligó al gobierno guatemalteco a tomar medidas extraordinarias. En los primeros tres días del estado de sitio se reportaron casi 300 capturas.
El criminólogo Ricardo Sosa señaló que una de las principales similitudes entre ambos países es el dominio territorial ejercido por estructuras como la MS-13 y la Pandilla 18, cuyo financiamiento proviene en gran parte de la extorsión, afectando directamente a comerciantes y emprendedores.
No obstante, Sosa también destacó diferencias sustanciales. En Guatemala —explicó— la criminalidad mantiene vínculos más estrechos con el narcotráfico y alianzas con estructuras del crimen organizado mexicano. Además, cuestionó el enfoque inicial del gobierno de Arévalo, al considerar que estuvo más alineado con políticas de corte progresista que priorizan la percepción internacional antes que respuestas contundentes a nivel interno.
En la misma línea, el docente y escritor Rafael Góchez calificó lo ocurrido en Guatemala como una “ola de terrorismo pandilleril”, atribuida a la fragmentación del Estado y a la falta de voluntad común para enfrentar el problema de manera estructural.
Los analistas coinciden en que el principal factor diferenciador entre ambas naciones ha sido la voluntad política. En El Salvador, el régimen de excepción —prorrogado durante 46 meses— ha permitido la captura de más de 90,000 presuntos pandilleros y una reducción drástica de homicidios y otros delitos, consolidando al país en 2025 como el de menor tasa de violencia homicida en el continente americano.
Rodríguez subrayó que el punto de quiebre se produjo en 2019, con la llegada de Bukele al Ejecutivo, al romper con la forma tradicional de abordar la seguridad pública. Según el analista, durante décadas anteriores, bajo gobiernos de ARENA y del FMLN, prevaleció la falta de voluntad política y, en algunos casos, pactos que fortalecieron a las estructuras criminales.
Ambos países comparten raíces históricas, culturales y sociales, así como problemáticas derivadas de conflictos armados y migración. Sin embargo, los expertos concluyen que el liderazgo político y el respaldo legislativo han marcado una diferencia determinante en el rumbo actual de El Salvador, donde —afirman— los cambios en seguridad ya se traducen en estabilidad social y proyección de desarrollo económico.
