Analistas destacan sanidad fiscal en presupuesto equilibrado aprobado para 2026

El Presupuesto General del Estado para 2026, aprobado esta semana por la Asamblea Legislativa, ha sido calificado por diversos analistas como un instrumento equilibrado que contribuye a la sanidad fiscal y económica del país, al permitir al Gobierno cumplir con sus compromisos internos sin recurrir al endeudamiento para cubrir gasto corriente.

El analista y sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que contar con un presupuesto balanceado es una señal clara de estabilidad económica y fiscal. Recordó que este es el segundo presupuesto equilibrado aprobado durante la administración del presidente Nayib Bukele, lo que permite solventar obligaciones como salarios y funcionamiento institucional con ingresos propios y recaudación fiscal.

Rodríguez explicó que, a diferencia de administraciones anteriores, los préstamos ya no se utilizan para cubrir compromisos internos, sino que se orientan exclusivamente a la inversión en infraestructura y al desarrollo de proyectos estratégicos. Añadió que la recaudación fiscal actual es suficiente para sostener el gasto operativo del Estado.

El presupuesto aprobado asciende a $10,555.5 millones y su distribución fue ajustada tras la reforma constitucional número cinco, que eliminó el piso presupuestario del Órgano Judicial, equivalente al 6 % de los ingresos corrientes del Estado. Para 2026, este porcentaje habría representado $533.4 millones.

Como resultado de la reforma, se realizó un recorte aproximado de $164 millones a dicha asignación, recursos que fueron reorientados a áreas prioritarias como Salud, Educación, Agricultura, Transporte y Hacienda, sectores considerados clave para el desarrollo social y económico.

El experto en administración pública Nelson Flores señaló que el Órgano Judicial contaba con una asignación elevada que no se reflejaba proporcionalmente en su ejecución ni en resultados concretos, por lo que la medida busca ordenar el gasto público y evitar el despilfarro, contribuyendo así al saneamiento de la hacienda pública.

Flores subrayó que este tipo de decisiones son necesarias para prevenir el déficit presupuestario y mantener el equilibrio fiscal, una práctica que, a su juicio, deben adoptar los países que buscan estabilidad financiera a largo plazo.

Por su parte, el docente y escritor Rafael Góchez coincidió en que el Órgano Judicial debe operar con un presupuesto acorde a sus necesidades reales, evaluado y monitoreado año con año. Consideró que una asignación automática basada en un porcentaje fijo genera distorsiones, gastos no prioritarios y privilegios injustificados.

Góchez afirmó que la redistribución presupuestaria refleja un balance entre las aspiraciones del Estado y su capacidad financiera, lo que permitirá dar continuidad a obras y proyectos estratégicos en diferentes áreas.

Rodríguez añadió que la reducción presupuestaria responde a un principio de igualdad, al obligar al Órgano Judicial, al igual que al resto de carteras de Estado, a justificar sus gastos ante la Asamblea Legislativa. Para 2026, el presupuesto proyectado para dicho órgano asciende a $369.2 millones.

Finalmente, el analista destacó que El Salvador atraviesa una etapa de ajuste fiscal en la que resulta indispensable maximizar el uso de los recursos públicos, priorizar la eficiencia y mantener el equilibrio económico como base para el crecimiento y la sostenibilidad financiera del país.