La lucha contra la extorsión en El Salvador: un cambio significativo en la seguridad

En los últimos años, la extorsión ha sido un problema persistente en El Salvador, llegando a costar a los ciudadanos hasta $756 millones anuales en manos de estructuras criminales. Sin embargo, desde la implementación del Plan Control Territorial (PCT) en junio de 2019, la situación ha comenzado a transformarse. Las estadísticas respaldan esta afirmación: mientras en 2010 se registraron 3,848 casos de extorsión, en 2023 la cifra se redujo a solo 732, lo que representa una disminución del 51% respecto al año anterior.

El PCT, junto con el régimen de excepción establecido en marzo de 2022, ha sido fundamental en la reducción de este delito que, según la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional, impacta no solo económicamente, sino también social y psicológicamente a las víctimas, generando estrés y desesperanza.

El sector transporte público, uno de los más afectados por esta problemática, ha experimentado un notable alivio. William Cáceres, representante de la Federación de Cooperativas de Transporte (Fecoatrans), destacó que: «La importancia de haber introducido una decisión por parte del señor Presidente (Nayib Bukele), como lo fue el régimen de excepción, que esto ha bajado en un 95 % el tema de la extorsión que había venido haciendo víctima a este sector durante estos años».

Genaro Ramírez, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), también reconoció que las estrategias del gobierno han tenido un impacto positivo en su sector, que durante años fue víctima de amenazas y exigencias económicas por parte de pandillas. Con el apoyo de estas iniciativas, cada vez más salvadoreños se sienten empoderados para dejar de pagar a las estructuras criminales, marcando un nuevo capítulo en la seguridad del país.

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