Con la intención de cerrar todos los espacios a la criminalidad, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó recientemente que dentro de las acciones que buscan ejecutar para combatir el crimen organizado está la introducción de colaboradores en operaciones o agentes encubiertos, algo que solo se utilizaba contra la narcoactividad.
El funcionario aseguró que entre las reformas planteadas y aprobadas de la Ley contra el Crimen Organizado está la introducción de colaboradores en operaciones encubiertas. «Esto ya se realiza en la jurisdicción de droga, ahora se usará en la de crimen organizado. Esa figura ya no será exclusiva para un rubro», detalló Villatoro.
«Para ir preparando la jurisdicción de crimen organizado en futuras amenazas, está la utilización de colaboradores en cooperaciones encubiertas. No es algo que estamos inventando, simplemente lo estamos trayendo de una jurisdicción de drogas a una de crimen organizado, precisamente para que, así como policías y fiscalías de países de primer mundo cuentan con estas herramientas para criminalidad, ya no sea exclusivo de una jurisdicción en nuestro país», explicó.
Representantes de Seguridad y de la Fiscalía General de la República explicaron que todas las acciones efectuadas están orientadas a combatir el fenómeno pandilleril, así como contar con herramientas para amenazas futuras.
«Las reformas de la Ley de Crimen Organizado son herramientas necesarias de un Estado moderno para enfrentar la criminalidad organizada. Estamos hablando de organizaciones criminales que utilizan y recluyen a menores para cometimiento de delitos, que someten a adultos», detalló el funcionario.
En El Salvador las autoridades se Redacción Cecilia Fuentes Seguridad ha fundamentado todas las propuestas de reformas ante el pleno legislativo. Las fuerzas de seguridad mantienen el control y la vigilancia en todo el país. Foto Diario El Salvador Foto Diario El Salvador han propuesto a terminar con las pandillas y a no permitir que vuelvan a dominar sectores en la sociedad, para ello no solo se han enfocado en la detención de los integrantes de estas estructuras criminales, sino que han incluido una serie de cambios a las leyes, que les permita hacer justicia contra los crímenes de estos grupos delictivos.
Los registros de la Policía Nacional Civil (PNC) indican que más de 72,000 personas han sido detenidas por varios delitos o por pertenecer a pandillas. Miles de estos delincuentes ya están en prisión provisional en los diversos penales de El Salvador y 12,500 permanecen recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), donde están los cabecillas de las maras.
Para asegurarse de que estos pandilleros paguen por sus crímenes, las autoridades solicitaron una serie de reformas del Código Penal, la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones, la Ley de Telecomunicaciones, entre otras.
Entre las más recientes peticiones del Gabinete de Seguridad —que fueron aprobadas por la Asamblea el 25 de julio pasado— están las reformas de la Ley Especial Contra el Crimen Organizado, que permitirán incrementar en una tercera parte la pena de cárcel para cabecillas de estructuras terroristas, que pasa de 45 a 60 años; y ordenar procesos de los más de 65,000 detenidos en el marco del régimen de excepción.
«A la Fiscalía se han presentado más de 3,000 solicitudes de imposición de medidas. Con estas reformas y el procesamiento de estos grupos terroristas vamos a reducirlas a 300, y a la vez nos permitirá enfrentar a cualquier otra organización terrorista nacional o transnacional», afirmó Villatoro recientemente. Esta nueva disposición permitirá procesar a las pandillas como grupos y no solo individualmente.
El actual Gobierno ha logrado desarticular a las maras. Además de las capturas de colaboradores y cabecillas, se han incautado armas, drogas, vehículos y otros ilícitos.
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