Adiós a la deuda política: La Asamblea Legislativa avanza hacia su eliminación
La propuesta de Nuevas Ideas busca derogar el artículo 210 de la Constitución, lo que podría transformar el financiamiento electoral en El Salvador.
La Asamblea Legislativa de El Salvador dio un paso decisivo hacia la eliminación de la deuda política, un mecanismo de financiamiento estatal que ha sido objeto de controversia y debate en el país. La comisión política del órgano legislativo emitió ayer un dictamen favorable a la iniciativa presentada por los diputados del partido Nuevas Ideas, que propone derogar el artículo 210 de la Constitución de la República, el cual establece la deuda política como un derecho de los partidos en contienda.
Este artículo reconoce la deuda política como una herramienta para promover la libertad e independencia de los partidos políticos en el contexto electoral. Adicionalmente, la Ley de Partidos Políticos detalla que los partidos tienen derecho a recibir financiamiento del Estado en función de los votos válidos obtenidos en elecciones presidenciales, legislativas y municipales. Según datos del Ministerio de Hacienda, el gasto del Estado en la última elección general ascendió a $40 millones, lo que evidencia el peso financiero que representa este mecanismo.
Ernesto Castro, presidente del Congreso y de la comisión política, defendió la iniciativa argumentando que «el pueblo salvadoreño quiere la eliminación de la deuda política», y resaltó que su bancada ha trabajado para cambiar las estructuras que han mantenido el sistema político en el país. Sin embargo, la propuesta enfrenta críticas. La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, sugirió que, en lugar de eliminar completamente la deuda, se deberían cubrir ciertos gastos de los partidos durante las elecciones con fondos públicos, aunque su propuesta no obtuvo el apoyo necesario.
El debate sobre la deuda política refleja un cambio en la percepción sobre el financiamiento político en El Salvador. Serafín Orantes, diputado del PCN, expresó su preocupación por la falta de apoyo a la propuesta, indicando que existen diversas maneras de justificar la negativa a financiar a los partidos. La posibilidad de abolir la deuda política plantea interrogantes sobre el futuro del financiamiento electoral y la sostenibilidad de los partidos en un sistema democrático, y se espera que la discusión continúe en las próximas sesiones de la Asamblea.
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