A pocas horas de inaugurar el Hospital de CIFCO, con el que aspira ayudar a detener la propagación del COVID-19 en el país, el presidente Bukele hizo pública una carta que ha enviado a los diputados de la Asamblea Legislativa y a los Magistrados de la Sala de lo Constitucional.
En dicha carta Bukele deja ver su profunda vocación democrática, y el respeto a las instituciones en la separación de poderes, y es que para algunos es incomprensible como la Sala expulsó del marco jurídico todos los decretos ejecutivos que se habían emitido.
Analistas opinan que esas inconstitucionalidades, más que base jurídica, tienen temor político a raíz de toda una narrativa que se creó por la manera en la que el presidente comunicaba las acciones que iba a desarrollar en el marco de esos decretos ejecutivos, podían consolidarlo y para otros temas de país podía tomar el mismo estilo de acción con señales de autoritarismo.
En un detalle pormenorizado, el presidente de la República, Nayib Bukele, defiende la legalidad de las acciones realizadas para restringir la circulación de las personas, y de esa manera contener la propagación del virus COVID-19.
El Jefe de Estado citó los artículos del Código de Salud vigentes que lo facultan para ello y que a juicio del mandatario eran la base legal de los decretos ejecutivos que, en su facultad de presidente, emitió y fueron expulsados de la norma jurídica por inconstitucionales, según resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Si bien el mandatario les explica las razones de porque deben devolverle las facultades que como presidente le han sido quitadas, fiel a su estilo, hace criticas y señalamientos a los magistrados de la Sala por las decisiones tomadas, pero es más que visible que al enviar estas cartas el presidente expresa su preocupación de que al no tener el Ejecutivo las herramientas legales para combatir la enfermedad, como lo tienen todos los Gobierno del mundo como lo expresa en la misiva, las consecuencias para el país serán desastrosas.
