El abogado y analista Julio Validivieso, manifestó esta mañana que el Fiscal General de la República, Raúl Melara y el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, deben empezar a tomar acciones sobre la omisión de los funcionarios para controlar el contagio masivo que hay de casos de COVID-19 y que, pese a ello, aún no exista una ley que regule la pandemia.
«Creo que el Fiscal General de la República y el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos tienen una gran atribución que seguir, la constitución le da facultades al fiscal, la primera de ellas es que esta obligado a defender los intereses del Estado y de la sociedad y la segunda promover la acción de la legalidad en defensa de la justicia, esto no necesita que alguien lo denuncie, lo obliga hacerlo ¿porque estoy planteando esto? porque vemos una pasividad de funcionarios bajo el argumento que porque uno no lo da el otro tampoco, esa situación va obligar a que el fiscal inicie ya sus acciones para que empiece a deducir responsabilidades»
Julio Validivieso, abogado y analista
Asimismo, el abogado recalcó las atribuciones que tiene el Procurador de los Derechos Humanos de acuerdo a la constitución, el cual debe velar por el respeto de los derechos constitucionales e investigar de oficio o por denuncia que hubiera recibido por violación a los derechos humanos.
Este pasado martes 14, El Salvador reportó la cifra más alta hasta el momento de casos de COVID-19, con 342 pruebas positivas y todo parece indicar que esta cifra irá en aumento los próximos días, mientras tanto, los diputados de la Asamblea Legislativa siguen sin evaluar una cuarentena estricta o aprobar una ley que regule la circulación del país, a pesar que los hospitales están colapsando y varios miembros del personal médico están falleciendo.