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Francia decreta toque de queda ante rebrote de casos por COVID-19

A diferencia de la primera ola de la epidemia, en la que el problema se concentraba en algunas regiones como el área de París y Alsacia, ahora el virus circula por todo el territorio.

Francia impondrá un toque de queda, entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana, durante un mínimo de cuatro semanas, prorrogables a seis, en la región de París y en las ocho mayores áreas metropolitanas del país. La medida, destinada a frenar la rápida progresión de la pandemia de la Covid-19, entrará en vigor a las cero horas del próximo sábado. Afectará unas zonas en las que viven casi 20 millones de personas.

Esta última medida afectaría a toda la región de Ile-de-France (donde está París) y a ocho ciudades: Lille, Rouen, Saint-Etienne, Toulouse, Lyon, Grenoble, Aix y Montpellier.

“No hemos perdido el control”, matizó el presidente Emmanuel Macron, al anunciar este toque de queda, cuyo objetivo es reducir drásticamente el contacto social, tanto en el ámbito público como sobre todo en el privado para que los contagios desciendan. Quien viole la norma deberá pagar una multa de 135 euros.

El jefe de Estado insistió, durante una entrevista televisada, en que el actual ritmo de contaminación, unos 20.000 casos al día, no es sostenible porque los hospitales pronto se colapsarán.

A diferencia de la primera ola de la epidemia, en la que el problema se concentraba en algunas regiones como el área de París y Alsacia, ahora el virus circula por todo el territorio. Ya no será factible trasladar enfermos o sanitarios para cubrir los puntos más críticos.

Macron no desaconsejó, sin embargo, que la población se vaya de vacaciones en la próxima pausa de otoño, durante la cual las escuelas cierran durante dos semanas.

Según él, estos desplazamientos pueden ser en el fondo positivos porque se descongestionarán las grandes ciudades. Pero hizo hincapié en mantener unos comportamientos muy prudentes y rigurosos con las medidas de barrera y el contacto con las personas mayores y vulnerables. El Gobierno aconseja un máximo de 6 personas en las reuniones privadas.

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